Fracasó el primer intento para quitar la protección patrimonial
El conflicto en torno a la posible remoción del puente Ciudad de La Paz-Soler, una estructura centenaria que une los barrios de Colegiales y Palermo sobre las vías del tren Mitre, sigue sin resolverse. La reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) de la ciudad de Buenos Aires, que debía definir el pedido de descatalogación del puente, fracasó ayer y fue suspendida hasta el próximo martes.
El pedido fue presentado por la empresa estatal Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), que busca avanzar con una licitación para reemplazar el puente por una nueva estructura, con capacidad para soportar tránsito pesado. Esta iniciativa ha generado una fuerte polémica con vecinos y especialistas en patrimonio, quienes se oponen a la demolición del puente, recientemente reacondicionado y reinaugurado.
Durante la reunión del CAAP, representantes de AUSA expusieron informes técnicos que argumentan que el puente presenta problemas estructurales y ha cumplido su vida útil. Sin embargo, otro informe ya en poder del consejo sostiene que la estructura aún podría permitir el paso de vehículos de distinto porte sin inconvenientes. Antes del cuarto intermedio, cinco instituciones manifestaron su rechazo a quitar la protección patrimonial del puente.
El puente, construido entre 1916 y 1919, está protegido como bien patrimonial. Para ser demolido, se requiere que el CAAP apruebe su descatalogación. La licitación lanzada por AUSA se realizó antes de contar con esta autorización, lo que ha sido señalado como irregular por ONG y especialistas, debido al corto plazo de apenas un mes para presentar ofertas.
El CAAP está conformado por representantes de trece instituciones, entre ellas la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Comisión Nacional de Monumentos, y la Facultad de Arquitectura de la UBA, entre otras. Ayer, cinco de estas entidades (CPAU, CICOP, FADU, SCA y la Comisión Nacional de Monumentos) argumentaron en contra de la descatalogación, aunque algunas optaron por no votar aún, solicitando más tiempo para revisar la documentación presentada por AUSA.
También se pidió a la empresa que analice alternativas para conservar el puente mediante refuerzos estructurales, como se ha hecho en otros casos. Desde AUSA, insisten en que la estructura original fue diseñada para el paso de tranvías y no está preparada para el tránsito actual, ni para resistir impactos comunes en el entorno urbano.
Las reuniones del CAAP son cerradas, lo que ha generado críticas y pedidos para que sean de acceso público. El consejo es presidido por Cristina Giraud, titular de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur), responsable de aplicar el Código Urbanístico de la ciudad.
Fuentes de la Dgiur confirmaron que AUSA presentó nueva documentación técnica y que el debate continuará el martes. Según la empresa, la estructura podría ser desmontada en secciones, con la posibilidad de conservar alguna parte, aunque esto dependerá del estado del puente tras los trabajos de remoción.
AUSA comenzó su pedido de descatalogación a principios de este año, pero recién ayer tuvo lugar la reunión formal para tratar el tema. La empresa busca reemplazar el puente actual por uno capaz de soportar el tránsito de vehículos pesados como camiones de basura, ambulancias y autobombas, especialmente por la cercanía de un predio del CEAMSE.
Por su parte, la legisladora porteña Sol Méndez (Confianza Pública) presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que brinde detalles sobre el plan de desmantelamiento. El texto señala que vecinos y organizaciones no han recibido respuestas claras sobre los criterios técnicos, presupuestarios, plazos, impacto patrimonial y participación ciudadana vinculados al proyecto.
