Este martes se estaria realizando un encuentro cerrado y sin participacion de agrupaciones vecinales y especialistas para determinar el futuro del paso vial
Apenas cuatro meses después de haber reabierto el paso tras una obra que costó casi dos millones de dólares, el gobierno porteño busca demoler el puente Ciudad de la Paz, una infraestructura centenaria que conecta los barrios de Palermo, Belgrano y Colegiales y que hasta ahora figura como patrimonio histórico protegido. El repentino cambio de rumbo por parte de la actual gestión no solo sorprende, sino que indigna a cientos de vecinas y vecinos que reclaman explicaciones. La sospecha es clara: detrás de la decisión hay intereses viales y económicos que se intentan justificar a contrarreloj antes de que el oficialismo pierda su mayoría en la Legislatura porteña.
Una restauración costosa… ¿para nada?
El puente estuvo cerrado durante dos años, desde 2023, cuando la administración de Horacio Rodríguez Larreta inició lo que se presentó como una obra de “mantenimiento” que demandaría 12 meses. Las calles adyacentes – Ciudad de la Paz, Santos Dumont, Dorrego y Concepción Arenal – quedaron clausuradas al tránsito vehicular y peatonal. Sin embargo, lo que se anunció como una intervención técnica se convirtió, en la práctica, en una zona abandonada, sin iluminación ni presencia policial. Durante más de dos años, el área fue blanco fácil de la inseguridad. Los vecinos denuncian que durante ese período no hubo resguardo estatal de ningún tipo. Cuando finalmente se reabrió el puente, a fines de marzo de 2024, las promesas iniciales quedaron en evidencia: no se realizaron las obras estructurales comprometidas, y el puente fue habilitado solo para tránsito liviano. Aun así, el gasto público ya se había ejecutado.
Patrimonio en peligro
Ahora, el Gobierno de la Ciudad busca descatalogar el puente como patrimonio histórico para poder avanzar con su demolición. La jugada implica que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, a pedido de la empresa estatal AUSA, debe reunirse – a puertas cerradas – para emitir un dictamen que habilite lo que muchos consideran una maniobra exprés y carente de transparencia. “La misma gestión que lo incluyó en el catálogo patrimonial ahora quiere borrarlo de un plumazo”, denuncia Ana Bas, presidenta de la ONG Basta de Demoler. Desde la organización exigen explicaciones: “¿Por qué se restauró si ahora quieren destruirlo? ¿Por qué no se consultó al barrio ni a la Comuna? ¿Por qué eliminar un símbolo urbano que funciona y que tiene valor histórico?”.
Apuro legislativo y licitación sospechosa
Vecinos y referentes políticos alertan que la demolición busca concretarse antes de diciembre, cuando el oficialismo perderá su mayoría legislativa. En paralelo, ya se publicó una licitación pública para el desmontaje del puente y la construcción de uno nuevo. El pliego, llamativamente detallado, incluye la desarticulación, traslado y reemplazo completo del puente, así como la instalación de rampas y escaleras nuevas. La licitación avanza mientras el patrimonio histórico sigue estando formalmente protegido, lo cual podría implicar una ilegalidad si no se levanta la catalogación antes del inicio de obras.
“El puente tiene protección y no puede tocarse sin autorización previa”, explica Pacha Carreira Griota, integrante de la junta comunal 14 por Unión por la Patria. “Están apurando todo sin el debate necesario, a espaldas de los ciudadanos”, agrega.
Un puente con historia, no un obstáculo vial
Construido en 1916 por la Compañía Lacroze para el paso de tranvías, el puente Ciudad de la Paz atraviesa el ferrocarril Mitre y se encuentra a pocas cuadras de la avenida Cabildo. Es una pieza fundamental en el tejido urbano y guarda un valor histórico incalculable.
“Este puente tiene una protección patrimonial merecida”, remarca la arquitecta y vecina de Palermo, Paula Gómez Ortega. “Nadie en el barrio quiere que lo tiren abajo para que pasen camiones por una calle que ni siquiera forma parte de la red de tránsito pesado”.
Desde las organizaciones vecinales aseguran que el reclamo continuará: ya presentaron un informe ante la Comuna, organizaron jornadas de visibilización y mantendrán reuniones con legisladores. La pelea no es solo por un puente: es por la memoria urbana, el uso responsable de los fondos públicos y el derecho de los vecinos a decidir sobre su entorno.
