La medida forma parte de un plan de transformación ambiental del transporte urbano
En una decisión que podría marcar un antes y un después en la historia del transporte urbano argentino, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó la transición definitiva hacia una movilidad sustentable. A través de la Resolución 111/SECT/25, publicada en el Boletín Oficial porteño, se establece que a partir del 1° de enero de 2027, todas las nuevas unidades que se incorporen al sistema de transporte colectivo deberán ser propulsadas exclusivamente por electricidad o Gas Natural Comprimido (GNC).
Este paso, que refleja un compromiso con la acción climática, se enmarca en el Plan de Acción Climática 2050, que tiene como objetivo convertir a Buenos Aires en una ciudad carbono neutral. La medida representa una ruptura concreta con el modelo de movilidad basado en combustibles fósiles: actualmente, casi la totalidad de los colectivos urbanos circulan con motores a gasoil, un combustible con alto impacto ambiental y sanitario.
Impulsada por la Secretaría de Transporte, la normativa no solo responde a una necesidad ambiental urgente, sino también a una visión estratégica de largo plazo. Se apoya en resultados positivos de pruebas piloto de buses eléctricos, en el uso probado de motorizaciones a GNC en otras ciudades y en la creciente viabilidad tecnológica de estas soluciones en contextos urbanos complejos como el porteño.
“El paso que ha dado la Ciudad es de una trascendencia absoluta. Es hora de dejar atrás el atraso tecnológico y ambiental que arrastramos en materia de transporte pesado”, sostuvo Luis Navas, experto en energía y movilidad sostenible. “Esperamos que esta decisión no se postergue: el 1° de enero de 2027 debe marcar el inicio de una nueva era para el transporte público en Buenos Aires”, afirmó.
La resolución contempla una transición ordenada. Las unidades diésel actualmente en funcionamiento podrán seguir operando hasta alcanzar su límite de antigüedad. Sin embargo, a partir de 2027 no se permitirá la incorporación de nuevos vehículos que no utilicen energías limpias. Esto brinda previsibilidad al sector privado para anticipar inversiones en flotas, talleres, estaciones de carga y capacitaciones técnicas.
Además, el texto oficial reconoce la necesidad de adecuar la infraestructura para garantizar la operatividad del nuevo sistema. La Ciudad prevé la instalación de electrolineras de alta potencia para los colectivos eléctricos y estaciones de carga cautiva en cabeceras de línea para los vehículos a GNC. Para ello, se ha desarrollado una metodología específica de cálculo tarifario y de costos operativos que contemple las características particulares de estas tecnologías, permitiendo esquemas de compensación que favorezcan su adopción.
Si se implementa sin dilaciones, esta política podría convertirse en el punto de inflexión más significativo en décadas para el sistema de transporte público de la Ciudad. Significaría dejar atrás un modelo basado en el diésel – uno de los principales emisores de gases contaminantes en entornos urbanos – y avanzar hacia un ecosistema de movilidad limpio, eficiente y resiliente.
Más que una resolución administrativa, esta medida es una declaración de rumbo: Buenos Aires se propone liderar el cambio hacia un transporte público del siglo XXI.
