La propuesta contempla una suba inicial del 11,5% y ajustes mensuales atados a la inflación, más un 2% adicional. Mientras el boleto vuelve a subir, queda planteado el interrogante sobre la relación entre lo que pagan los usuarios y la calidad del servicio que reciben
Viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires será cada vez más caro. El Gobierno porteño convocó a una audiencia pública para el próximo 22 de diciembre con el objetivo de debatir un nuevo aumento en las tarifas del subte y el Premetro, que contempla llevar el boleto general a $2.104 a partir de febrero de 2027.
La propuesta representa un incremento del 11,5% respecto de los $1.887 que cuesta actualmente el pasaje para quienes utilizan una tarjeta SUBE registrada y realizan hasta 20 viajes mensuales. Pero el aumento inicial no será el único: el esquema presentado por la administración porteña incorpora actualizaciones mensuales de acuerdo con la inflación de los dos meses anteriores, más un adicional del 2%.
En otras palabras, los pasajeros deberán prepararse para un mecanismo de incrementos prácticamente permanentes durante 2027. Una modalidad que vuelve a poner sobre la mesa el peso del transporte público en la economía cotidiana de miles de trabajadores, estudiantes y vecinos que utilizan el subte como medio de traslado habitual.
La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde puede trasladarse el aumento de los costos a los usuarios sin que exista una discusión igualmente profunda sobre la calidad y las condiciones del servicio?
El incremento tarifario vuelve a instalar un debate que excede el valor nominal del boleto. El subte es un servicio esencial para la movilidad de la Ciudad y su área metropolitana. Miles de personas dependen de él diariamente para llegar a sus trabajos, estudiar o realizar sus actividades. Por eso, cada actualización impacta directamente en el presupuesto familiar, especialmente en quienes necesitan realizar varios viajes por día y no tienen alternativas de transporte.
El mecanismo propuesto por el Gobierno porteño plantea una actualización automática que combina inflación y un adicional del 2%. Sin embargo, el debate no debería limitarse a cuánto cuesta mantener el sistema, sino también a qué servicio reciben los pasajeros a cambio de ese dinero. Frecuencias, demoras, mantenimiento de las formaciones, estado de las estaciones, accesibilidad y condiciones de viaje son algunos de los aspectos que deberían formar parte de la discusión pública.
Porque si el boleto aumenta de manera sostenida, también resulta razonable exigir información transparente sobre las inversiones, los costos operativos y las mejoras concretas que se realizan en la red.
El proyecto también establece nuevos valores para el Premetro y mantiene distintos beneficios tarifarios. El boleto simple del Premetro pasaría a costar $736,40 con SUBE registrada y $1.170,88 con tarjeta sin registrar. En tanto, la tarifa social quedaría en $736,40, mientras que el boleto estudiantil se ubicaría en $294,56 y la tarifa para docentes de establecimientos educativos públicos de la Ciudad alcanzaría los $652,24.
También se mantendrían los pases gratuitos para jubilados y pensionados que cumplan los requisitos, personas con discapacidad, personas trasplantadas y otros beneficiarios contemplados en la normativa vigente. Estos mecanismos de protección son importantes, pero no eliminan el impacto que los aumentos tienen sobre una amplia franja de usuarios que utiliza el transporte público todos los días y debe afrontar el costo completo del pasaje.
Una audiencia pública que deberá ir más allá de los números
La convocatoria quedó formalizada mediante el Decreto 390/26, publicado en el Boletín Oficial porteño. La audiencia pública se realizará el 22 de diciembre y será una instancia para discutir la propuesta antes de su eventual implementación. El Gobierno deberá explicar los fundamentos del nuevo cuadro tarifario y el mecanismo de actualización previsto para el próximo año.
Pero la discusión también debería permitir que los usuarios expresen sus preocupaciones y reclamen precisiones sobre el funcionamiento del servicio. El subte no puede analizarse únicamente como una ecuación de costos y recaudación. Es una herramienta fundamental para garantizar la movilidad de la población y su valor tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
La discusión, entonces, no pasa solamente por si el boleto debe costar $2.104 o cuánto aumentará cada mes. También pasa por establecer qué nivel de servicio se ofrece, cómo se utilizan los recursos y qué compromisos asume el Gobierno porteño frente a quienes pagan cada vez más por viajar. Porque para los pasajeros, el aumento no es un número en el Boletín Oficial: es dinero que sale de sus bolsillos todos los días.
