A dos décadas de su sanción la descentralización sigue a mitad de camino
Aunque las Juntas Comunales manejan trámites, podas y bacheo secundario, los Consejos Consultivos denuncian que falta autonomía presupuestaria y que el poder de decisión real sigue centralizado en el Ejecutivo porteño.
La descentralización política y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires es, todavía hoy, una tarea incompleta. A más de 20 años de la sanción de la Ley Orgánica de Comunas (N° 1777), aprobada en septiembre de 2005 para dar cumplimiento a la Constitución porteña de 1996, el debate sobre el verdadero alcance de los gobiernos barriales sigue abierto. El esquema actual convive entre la gestión operativa del día a día y un histórico reclamo de autonomía que aún no se consolida.
Hoy las 15 comunas de la Ciudad funcionan como la primera ventanilla de atención al vecino, pero la transferencia de facultades exclusivas está lejos del diseño original que idearon los legisladores hace dos décadas.
Lo que ya funciona: la trinchera del mantenimiento urbano
En el plano operativo, las comunas lograron consolidar lo que la ley define como competencias exclusivas de cercanía. El vecino que interactúa con su sede comunal encuentra respuestas en áreas específicas que fueron delegadas de manera gradual:
- Mantenimiento del espacio verde: Las plazas, parques de barrio y el arbolado público (poda y forestación) dependen directamente de las Juntas Comunales.
- Vías secundarias: El bacheo de calles internas, pasajes y la reparación de veredas rotas por raíces o empresas de servicios están bajo la órbita local.
- Atención ciudadana: La gestión de trámites (DNI, pasaporte, licencias de conducir), mediaciones comunitarias e infracciones se descentralizó con éxito en las distintas sedes.
Las deudas pendientes: caja propia y participación vecinal
El nudo del conflicto —y el argumento principal de quienes afirman que la ley no funciona “a pleno”— radica en las competencias concurrentes y el manejo de los recursos económicos.
- Sin presupuesto propio ni “Jurisdicción” real: Aunque cada comuna elabora un anteproyecto de presupuesto anual basado en sus necesidades, los fondos siguen integrados a la caja global del Ministerio de Gobierno o la Secretaría de Gestión Comunal. Las comunas ejecutan contratos preestablecidos por la Ciudad (como la recolección de basura o luminarias grandes), pero no tienen autonomía financiera para licitar obras de envergadura por su cuenta.
- El freno al poder de policía: El control y la fiscalización del uso del espacio público (vendedores ambulantes, habilitaciones comerciales, ruidos molestos) sigue estando centralizado mayoritariamente en la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y los ministerios del Ejecutivo, limitando la capacidad de las comunas para ordenar sus propios barrios.
- El desgaste de los Consejos Consultivos: Diseñados como el corazón de la “democracia participativa” para que los vecinos decidan prioridades en asambleas mensuales, estos espacios sufren un fuerte desgaste. Representantes vecinales denuncian sistemáticamente que sus resoluciones e iniciativas no son vinculantes y que, a menudo, son ignoradas en la planificación urbana central.
Un nuevo capítulo administrativo
A pesar de las deudas en autonomía política, la estructura comunal sigue sumando peso de manera estrictamente administrativa. Un ejemplo reciente es la sanción de la Ley 6888, que avanza en la adecuación de los históricos Distritos Escolares para que coincidan de manera exacta con los límites geográficos de las 15 comunas.
Este reordenamiento busca una articulación más directa con las necesidades de cada comunidad educativa, pero expone el contraste de fondo: mientras la geografía de las comunas se utiliza cada vez más para organizar los servicios públicos, el poder político de decidir el destino de los barrios sigue retenido en el edificio central de la calle Uspallata.
