Los daños son variados y están detallados en el escrito, acompañados de fotografías que respaldan las denuncias
Residentes del barrio de Núñez presentaron una acción de amparo colectiva para detener la construcción de grandes edificios en una zona del barrio donde sus casas han estado sufriendo daños como grietas, hundimientos y desprendimientos de mampostería. El área en cuestión se encuentra entre la Avenida del Libertador y la estación del ferrocarril Mitre, donde en los últimos años se han llevado a cabo desarrollos inmobiliarios de lujo sin considerar las consecuencias para las viviendas de baja altura. Además de solicitar la suspensión de las obras, los vecinos exigen que el gobierno porteño formule un plan para ofrecer soluciones a los afectados.
El recurso de amparo solicita que se declare la «emergencia urbanística ambiental» en la zona delimitada por las vías del ferrocarril Mitre y las avenidas Crisólogo Larralde, Del Libertador y Congreso. El número de viviendas afectadas ha aumentado en los últimos años a medida que avanzan los proyectos inmobiliarios, y en el texto del amparo se incluye un listado de más de 40 hogares que han presentado reclamos por esta situación. En línea con la declaración de emergencia solicitada, se pide la suspensión del «otorgamiento de nuevos permisos y la vigencia de los permisos de obra» cuyas características puedan causar los daños denunciados.
Los daños son variados y están detallados en el escrito, acompañados de fotografías que respaldan las denuncias: desplazamientos de estructuras, grietas y fisuras en paredes y cerramientos, desprendimientos de mampostería, hundimientos de pavimentos tanto internos como externos, fallas en instalaciones de servicios, fisuras en medianeras, daños por humedad, hundimiento de veredas, y problemas en ventanas y puertas que impiden su apertura o cierre, llegando incluso a bloquear el acceso a las viviendas.
En el documento presentado por la agrupación barrial «Vecinos Afectados por Movimiento de Suelos Núñez» y el «Observatorio del Derecho a la Ciudad» se menciona que «en el entorno cercano a las manzanas donde se encuentran las viviendas afectadas, se han construido, están en construcción o proyectados, siete complejos de torres de gran altura con una capacidad total de construcción de aproximadamente 250 mil metros cuadrados». Estos desarrollos, detallan, están «concentrados en cinco cuadras, ya que esa zona ha sido seleccionada por algunas desarrolladoras para establecer un polo de oficinas premium y edificios residenciales de lujo, cuyos precios de venta oscilan entre los 6 mil y 7 mil dólares por metro cuadrado».
En el amparo se especifica que el relevamiento de las propiedades dañadas fue realizado de manera autónoma por los propios vecinos, por lo que también se solicita que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) asuma la responsabilidad de llevar a cabo un relevamiento formal de los daños y del impacto ambiental de las construcciones, así como de establecer «las acciones y trabajos adecuados y oportunos para reparar las viviendas y edificios afectados».
Los denunciantes advierten que «en muchos casos, los propietarios realizan reparaciones periódicas, pero los daños se repiten y se agravan. En algunos casos, ha sido necesario apuntalar elementos estructurales para evitar derrumbes». Por ello, solicitan que, tras la evaluación de los daños, se defina un Plan de Contingencia para «proporcionar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias relacionadas con el peligro estructural, la infraestructura de servicios públicos o la integridad de las personas».
En el escrito se advierte, además, que «el análisis de las construcciones de gran porte en la zona muestra que ellas corresponden al aumento de la oferta de oficinas y residencias premium con beneficios para los desarrolladores y el segmento de la demanda de muy alto poder adquisitivo». Los «costos ambientales y sociales«, sin embargo, «recaen en primer lugar sobre los habitantes del barrio por el daño a sus casas, la pérdida de la identidad barrial y sobre el conjunto de los habitantes de la ciudad, ya que la protección del equilibrio hidrogeológico y del paisaje de la zona cercana a la ribera del Río de la Plata son parte de la protección de los bienes comunes amparados por la Constitución de la Ciudad y por su Pan Urbano Ambiental».
Finalmente, los vecinos exigen que se revise la normativa constructiva del Código Urbanístico (CUR) para el área en cuestión, en función de los resultados de los estudios de impacto ambiental solicitados, «con el fin de prevenir mayores daños a las viviendas», y que los nuevos permisos de obra se ajusten a los parámetros de esa modificación. Núñez ya tiene antecedentes de cambios en el CUR. En mayo de 2022, las agrupaciones vecinales lograron que la Legislatura redujera las alturas de construcción permitidas para la zona conocida como Lomas de Núñez.
