La antinomia entre la presentación oficial y las objeciones de las organizaciones vecinales
Tras ocho jornadas de exposiciones en la Legislatura, la audiencia pública sobre la actualización del Código Urbanístico (CUR) concluyó dejando abiertas numerosas interrogantes de cara a su segunda lectura en el recinto. Funcionarios del gobierno porteño defendieron las modificaciones propuestas, argumentando que estas protegerán el patrimonio en barrios residenciales y fomentarán el desarrollo de la zona sur de la ciudad. Por su parte, organizaciones vecinales criticaron el proyecto, señalando que carece de una visión integral de la ciudad al centrarse exclusivamente en la construcción y no incorporar adecuadamente los proyectos presentados por la ciudadanía en los barrios. Ahora, el texto será nuevamente analizado en comisiones, donde podrían considerarse incorporaciones al documento definitivo.
La Secretaría de Desarrollo Urbano, encabezada por Álvaro García Resta, fue la encargada de presentar las modificaciones al CUR, vigente desde 2018. Según García Resta, el objetivo es equilibrar el desarrollo urbano en tres escalas: ciudad, barrio y manzana. En la escala «ciudad», el oficialismo busca revertir la concentración de construcciones en la zona norte mediante incentivos que promuevan el desarrollo en el sur.
En las escalas «barrio» y «manzana» se apuntaría a responder a las críticas vecinales sobre el avance inmobiliario en zonas residenciales. La propuesta introduce cambios en las unidades de sustentabilidad, que regulan los parámetros de construcción en cada parcela, como alturas, superficies y espacios libres. Actualmente, el CUR contempla seis unidades de sustentabilidad (Alta, Media y Baja). La propuesta incorpora una nueva: la Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 0 (USAB 0), que limita las construcciones a 9 metros de altura y amplía los pulmones de manzana. Asimismo, las unidades existentes (USAB 1 y 2) también contemplarían reducciones en la superficie construible. Según Sandra Tuya, directora general de Desarrollo Urbano, estas modificaciones se aplicarían principalmente en los corazones de los barrios con mayor demanda vecinal. Además, García Resta subrayó que se busca concentrar las construcciones en avenidas, dejando las calles internas menos intervenidas.
Sin embargo, las críticas al proyecto coincidieron en que está excesivamente enfocado en lo constructivo, dejando de lado otros aspectos clave del desarrollo urbano. Bárbara Rossen, arquitecta y directora de Derechos de Acceso a la Ciudad de la Defensoría del Pueblo, señaló que el proyecto no incorpora criterios sólidos de sustentabilidad, protección ambiental ni incremento de espacios verdes públicos. Según Rossen, el CUR debería alinearse con el Plan Urbano Ambiental (PUA), pero el proyecto fue presentado antes de la actualización de este plan.
Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, criticó la falta de un Código de Ambiente que complemente al CUR, argumentando que los problemas urbanos se han agravado por la falta de planificación integral y el incremento desmedido de capacidades constructivas. En tanto, Rosa Aboy, arquitecta y directora del Área de Políticas Urbanas y Ambiente del Instituto Ciudad, advirtió que el CUR y sus modificaciones carecen de una visión que contemple movilidad, sostenibilidad e infraestructura adecuada. Además, señaló que el proyecto no aborda la crisis habitacional ni propone soluciones para facilitar el acceso al alquiler, considerando que el 36% de los hogares porteños son inquilinos.
Antes de la audiencia pública, la Comisión de Planeamiento Urbano realizó mesas de trabajo por comuna, con la participación de representantes de juntas comunales y consejos consultivos, quienes llevaron preocupaciones específicas de los barrios. Según fuentes legislativas, no se esperan grandes cambios en el texto, aunque podrían incorporarse ajustes puntuales por comuna.
En los últimos años, más de diez barrios presentaron propuestas para modificar la normativa del CUR, buscando limitar el avance de las construcciones. Antes de la audiencia, 25 organizaciones de las 15 comunas porteñas difundieron un comunicado exigiendo un tratamiento serio e integral de sus proyectos. Además, solicitaron al gobierno porteño realizar una evaluación exhaustiva del Código, siguiendo las etapas de monitoreo general y particular que establece la ley.
