La medida establece nuevos lineamientos para fortalecer su rol institucional y garantizar la preservación, investigación y difusión de la memoria histórica vinculada al terrorismo de Estado
A través del Decreto 344/2025, el Gobierno nacional oficializó la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de Memoria ESMA, organismos descentralizados que hasta ahora dependían de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Ambas instituciones pasarán a formar parte de las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), con el objetivo de optimizar su funcionamiento y articular de manera más eficiente las políticas de preservación de la memoria histórica y promoción de los derechos humanos.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y se enmarca en una estrategia de fortalecimiento institucional orientada a consolidar una gestión más integrada y efectiva de los organismos vinculados con la memoria y los derechos humanos.
En el artículo 1 se indica: “Dispónese la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de Sitio ESMA -Ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio-, ambos organismos desconcentrados de la Secretaría de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH)”.
El texto oficial detalla que entre las principales tareas del CIPDH se encuentra la de “obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino, así como sobre la respuesta social e institucional frente a esas violaciones”.
Esta reorganización apunta a fortalecer las capacidades del Estado en materia de preservación documental, memoria histórica y promoción de los derechos humanos, bajo una estructura institucional unificada. Esta decisión se enmarca en la Ley N° 27.742, que declaró la emergencia pública en diversas áreas, otorgando al Poder Ejecutivo Nacional facultades para reorganizar y transformar estructuras administrativas con el fin de mejorar la eficiencia del Estado.
El informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado reveló que el sector público nacional está conformado por 111 organismos, de los cuales 40 son desconcentrados y 71 descentralizados. Este entramado institucional presenta una estructura considerada compleja y costosa, con un total de 477 autoridades superiores. En este contexto, la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de Memoria ESMA se enmarca en una estrategia para reducir el sobredimensionamiento del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos.
El Archivo Nacional de la Memoria, creado mediante el Decreto N.º 1259/2003, tiene como misión central la recopilación, análisis y archivo de información vinculada a violaciones de derechos humanos. En tanto, el Museo Sitio de Memoria ESMA —instituido por el Decreto N.º 1133/2015— está abocado a la difusión y concientización sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina.
Ambos organismos pasarán a integrarse al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), cuya sede se encuentra en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en la Ciudad de Buenos Aires.
El Decreto 344/2025 también establece que el CIPDH asumirá todas las responsabilidades, compromisos y obligaciones de los organismos reestructurados. Esto incluye la transferencia de créditos presupuestarios, bienes, unidades organizativas y personal. No obstante, la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, actualmente dependiente del Archivo Nacional de la Memoria, pasará a depender directamente de la Secretaría de Derechos Humanos.
El Ministerio de Justicia será el encargado de dictar los actos administrativos necesarios para implementar la transformación, mientras que el CIPDH deberá presentar al Poder Ejecutivo Nacional una propuesta de adecuación de su estructura organizativa conforme a sus nuevas funciones.
Cabe destacar que esta medida no modifica los convenios vigentes entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales continuarán en plena vigencia. Finalmente, el decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y su contenido será comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.
