Según informaron, agentes de la Policía de la Ciudad se presentaron en el lugar con el objetivo de prevenir posibles incidentes, aunque las familias abandonaron el inmueble de manera pacífica y retiraron sus pertenencias sin contratiempos.
Este desalojo se produjo debido a que una empresa constructora adquirió el edificio e inició acciones legales para recuperar la propiedad y solicitar el desalojo de los ocupantes. Algunos de ellos residían en el inmueble desde hacía más de cincuenta años.
El inmueble, que comenzó a construirse en 1962, nunca fue finalizado y permaneció abandonado, lo que permitió que varias familias ocuparan el lugar. Tras la finalización del operativo llevado a cabo por la Policía de la Ciudad, el edificio quedará bajo custodia. En 1972, el Estado adquirió la propiedad con el propósito de destinarla a viviendas sociales, aunque este proyecto no fue implementado.
En 2022, se inició una causa judicial por el delito de usurpación, la cual está a cargo del fiscal Maximiliano Vence, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número ocho. A los ocupantes se les ha ofrecido la posibilidad de acceder a un Centro de Inclusión, así como la opción de solicitar un crédito de vivienda proporcionado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.