Se investigan graves negligencias durante la pandemia
En el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó en mayo el juicio por la muerte de diez residentes del geriátrico Apart Incas, ubicado en Belgrano. El caso, uno de los más resonantes del inicio de la pandemia, expone acusaciones de homicidio culposo agravado, violación de normas sanitarias y hasta abandono de persona durante la cuarentena de 2020.
El 21 de abril de 2020, el SAME intervino de urgencia en el establecimiento ante un foco de COVID-19. La imagen de decenas de pacientes en ambulancias y familiares angustiados hizo evidente el colapso institucional. Según la investigación, hubo al menos 28 contagios y diez muertes entre los residentes, además de múltiples contagios entre el personal.
Están imputados los apoderados Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, además de la directora médica Carla Raffo, por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias. También figura Paula Verónica Trunzo, excoordinadora del área control de geriátricos del gobierno porteño, acusada de incumplir deberes al no clausurar el geriátrico pese a irregularidades previas.
La pesquisa revela omisiones graves:
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Inspecciones entre 2017 y 2020 detectaron fallas que no fueron sancionadas ni corrigieron la situación.
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Se ignoraron protocolos sanitarios: el personal fue presionado a trabajar enfermo y sin elementos de protección; faltaron hisopados y control clínico.
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Resultó impactante que el lugar funcionara “72 horas al mando de un electricista y personal de mantenimiento” durante el brote.
El juicio oral se inició el 19 de mayo y ya se encuentran en la fase de alegatos. Fiscalía y querella pidieron penas de 3 a 4 años de prisión para los tres primeros acusados, y imputación para Trunzo. Aún no se conoce la fecha del veredicto.
Este juicio pone en el centro la responsabilidad de los geriátricos y el Estado durante emergencias sanitarias. Develó fallas estructurales en controles, protocolos y supervisión. Más allá de determinar culpas penales, representa un llamado de atención sobre la protección de los adultos mayores en situaciones de riesgo.
El fallo que se dicte en este caso podrá marcar precedente en la regulación y fiscalización de establecimientos de cuidado, fortaleciendo acciones preventivas y sancionatorias en futuros eventos críticos.
