El caso llegó a la Legislatura y vuelve a abrir una pregunta incómoda: ¿para qué existen las normas si una interpretación administrativa puede permitir exactamente lo que esas normas buscan evitar?
Colegiales vuelve a estar en el centro de la discusión por el avance de las construcciones en altura. Esta vez, el conflicto tiene una dirección precisa: Maure 2817, donde fue autorizado un desarrollo inmobiliario que, según denuncian los vecinos, supera ampliamente la altura permitida para ese sector del barrio. El proyecto contempla 17 departamentos y unos 1.570 metros cuadrados de superficie, pero el dato que encendió la alarma entre los habitantes de la zona es otro: la autorización permitiría una construcción de más de 25 metros de altura en un área donde el límite previsto por la normativa es de nueve metros.
La diferencia no es menor. Tampoco parece tratarse de una discusión exclusivamente técnica sobre metros, medianeras o criterios arquitectónicos. Lo que está en juego, según plantean los vecinos, es qué valor tiene el Código Urbanístico cuando una decisión administrativa termina habilitando una construcción que multiplica varias veces la altura prevista para el sector.
El terreno se encuentra dentro de Nuevo Colegiales (U20), un área concebida con características residenciales y de baja densidad. Allí, la altura de las construcciones constituye uno de los elementos centrales para preservar una determinada escala urbana. Sin embargo, la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) otorgó la factibilidad para el emprendimiento de Garrone Arquitectos, utilizando como argumento la figura conocida como “completamiento de tejido” o enrase.
Y allí aparece el punto más controvertido del expediente. De acuerdo con el planteo de los vecinos, el propio Código Urbanístico establece que ese mecanismo no resulta admisible en esta zona. Si esto es así, la pregunta deja de ser exclusivamente urbanística y pasa a ser también administrativa y política: ¿Por qué se autorizó una construcción de estas características si la normativa que regula el área establece límites y restricciones para ese tipo de intervención?
La respuesta a ese interrogante es precisamente la que ahora reclaman los vecinos y que también llegó a la Legislatura porteña. El caso de Maure 2817 adquiere mayor relevancia porque aparece en un barrio que durante los últimos años viene atravesando una fuerte transformación inmobiliaria. El problema, para los residentes, no es solamente que aparezca un nuevo edificio. Lo que cuestionan es la modificación progresiva de la escala urbana de Colegiales, con emprendimientos que reemplazan viviendas y construcciones bajas por desarrollos de mayor volumen.
Los vecinos advierten sobre la pérdida de superficie verde, la eliminación de árboles y el impacto que una mayor concentración de habitantes puede generar sobre servicios e infraestructura existentes, particularmente las redes de agua y cloacas. Porque una ciudad no solamente se construye con cemento. También necesita infraestructura capaz de acompañar ese crecimiento, espacios verdes, árboles, capacidad de drenaje y servicios públicos acordes con la cantidad de habitantes.
Un conflicto que llegó a la Legislatura
La controversia ya dejó de ser exclusivamente barrial. La legisladora Bárbara Rossen, del bloque Fuerza por Buenos Aires, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita explicaciones al Poder Ejecutivo porteño respecto de la factibilidad urbanística otorgada para el inmueble de Maure 2817. La iniciativa busca conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos y legales utilizados para habilitar el proyecto y, especialmente, cómo se interpretó la normativa aplicable al sector.
El pedido introduce una cuestión que resulta central para cualquier discusión seria sobre el desarrollo urbano de Buenos Aires: las decisiones administrativas deberían poder ser explicadas y justificadas públicamente, especialmente cuando parecen entrar en tensión con las propias reglas que regulan el territorio.
El caso de Maure 2817 vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a distintos barrios porteños: ¿quién define finalmente cómo debe crecer la Ciudad? ¿Lo hacen las normas aprobadas por la Legislatura? ¿Las interpretaciones de los organismos administrativos? ¿Los desarrolladores que presentan sus proyectos? ¿O los vecinos que viven todos los días las consecuencias de esas decisiones?
El interrogante cobra todavía más fuerza cuando la distancia entre lo permitido originalmente y lo finalmente autorizado resulta tan significativa. Porque si en una zona donde se establece un límite de nueve metros puede terminar proyectándose una construcción que supera los 25 metros, el problema ya no es solamente la altura de un edificio.
Los vecinos de Colegiales reclaman saber por qué una normativa destinada a preservar determinadas características urbanas puede ser reinterpretada de manera que permita justamente una transformación de esas características. Y la respuesta que surja del expediente de Maure 2817 será importante no solamente para quienes viven frente a ese futuro edificio.
También puede convertirse en un antecedente para saber hasta dónde llegan los límites del Código Urbanístico y dónde comienza el territorio de las excepciones. Porque cuando la excepción deja de ser excepcional, las normas pueden seguir escritas en los papeles, pero el barrio empieza a cambiar de todos modos.
