Como sucediera meses atrás en Costa Salguero, el conflicto gira en torno a las tierras fiscales que el Estado Nacional cedió a la Ciudad y en donde está presente la construcción de torres donde ahora hay espacio verde
Esta vez, se trata de un playón ferroviario lindero a las vías del ferrocarril Mitre entre los barrios de Colegiales y Belgrano, ubicado entre la avenida Federico Lacroze y Virrey Avilés, con frentes sobre las calles Crámer y Moldes que busca desarrollar un proyecto urbanístico llamado “Distrito Colegiales”. El proyecto surgió de un concurso nacional de ideas que fue impulsado por el Gobierno de la Ciudad y organizado por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y contó con el aval de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En diálogo con este medio, Adriana Fernández, vecina del barrio e integrante del colectivo “Colegiales participa y decide”, explicó que las tierras fueron cedidas entre los años 2016 y 2017 a instancias del expresidente Mauricio Macri y que, en la actualidad, el espacio fue dividido en nueve lotes, de los cuales fueron vendidos cuatro a Sancor Seguros, uno a Emfisa S.A. y el resto quedaron sin vender. “Nosotros estamos desde el minuto uno pidiendo por un parque, porque Colegiales tiene 0.7 metros cuadrados de verde por habitante. No estamos en contra de la construcción, que es un motor de la economía, estamos en contra de que tierra pública que debe tener un destino social y comunitario se destine sólo para la especulación inmobiliaria”, expresó Fernández. En esa línea, denunció que el gobierno porteño no consultó a los vecinos para debatir en conjunto propuestas o qué debería hacerse con el predio. “Estamos esperando la auditoría que el presidente Alberto Fernández dispuso por Decreto 149/20, donde se debían revisar todas las cesiones y ventas porque queremos salvar los cuatro lotes que no se vendieron y que vuelvan a la Nación, o si se quedan en Ciudad, que sean destinados para el espacio verde”, explicó Fernández. Además, señaló que otro de los objetivos es la revisión de la venta ya consumada de los otros cinco lotes, ya que, según señaló, “es una venta ilegal porque debieron pasar por el Congreso Nacional. Lo dice la Constitución en el artículo 75”, remarcó.
