Jorge Macri anunció que no se licitará el contrato tras la extorsión de los Moyano
El jefe de Gobierno mencionó esto en un momento clave en el que las calles de la ciudad están llenas de basura debido a la protesta de los camioneros, quienes buscan presionar a la Ciudad para que acepte una adjudicación preliminar que supondría un gasto de 360 millones de dólares.
“La decisión de dar de baja la preadjudicación se tomó ya que resultaba muy onerosa para la Ciudad y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años. La misma implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares. Además se estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”, expresó Macri en un comunicado oficial.
En ese sentido, el jefe de gobierno anunció que “ahora, este servicio lo continuará prestando la Ciudad con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en ese proceso licitatorio”. Desde julio de 2022, el Gobierno decidió poner fin al sistema de acarreo que había estado en vigor desde principios de los años 90 y anunció una licitación. A principios de diciembre de 2023, a pocos días de concluir la gestión anterior, el gobierno de la Ciudad preadjudicó el sistema de grúas y acarreo a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario.
Cuando la ciudad de Buenos Aires amaneció con basura desbordando de los tachos y contenedores, el jefe de Gobierno porteño habló con los medios con dureza y cuestionó sin rodeos al sindicato por su actitud frente a la presión para que se privatice el negocio de las grúas.
En 2022, durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se decidió estatizar el sistema de acarreo. Como resultado, 500 trabajadores vinculados a los Moyano en las empresas Dakota y BRD recibieron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y fueron transferidos a la órbita de SBASE, la sociedad estatal porteña que administra los subtes. La operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).
Posteriormente, en diciembre de 2023, se produjo la preadjudicación del servicio, la cual el gobierno porteño está revisando. Tres empresas quedaron en la fase final de una licitación por un contrato de 57 mil millones de pesos por 10 años. Una de las compañías, Ashira-Ecoba SA, está sospechada de tener vínculos con el Sindicato de Camioneros, lo que, según funcionarios de la Ciudad, explicaría la actual reacción de los Moyano en un área previamente libre de conflictos como la recolección de residuos.
El conflicto por el sistema de acarreo comenzó hace dos años cuando el gobierno porteño decidió estatizar el servicio. En ese momento, la situación era irregular porque las dos empresas responsables de las grúas, Dakota y BRD, operaban con una concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban un canon mensual de $55.000, a pesar de recaudar millones de pesos diarios.
