Proviene del CELS, una de las organizaciones que forma parte del directorio encargado de la administración del predio
La decisión del Gobierno de suspender los pagos destinados al sitio de la memoria de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex-ESMA) ha generado una ola de críticas y reacciones por parte de los organismos que conforman su directorio. Este jueves, el Ministerio de Justicia denunció supuestos «gastos injustificados» que superarían los 3.000 millones de pesos y ordenó una auditoría con el fin de esclarecer el destino de los fondos. En respuesta, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalan que esta medida forma parte de un plan más amplio del Gobierno para desmantelar las políticas de memoria, y que, en el proceso, se recurre a la difusión de afirmaciones falsas.
Desde el CELS, un organismo comprometido con la promoción y defensa de los derechos humanos, precisaron que la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona no se comunicó previamente con ellos antes de anunciar la suspensión de los pagos. Paula Litvachky, directora ejecutiva del centro, expresó que se estaba presentando de manera errónea la administración del predio como una responsabilidad exclusiva de los organismos, cuando en realidad su gestión es de carácter público. Actualmente, el predio de la ex-ESMA es administrado por un ente tripartito compuesto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (dependiente del Ministerio de Justicia), la Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y un directorio integrado por diversas organizaciones, entre las que se encuentra el CELS. También forman parte de este directorio la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), entre otras.
El predio es administrado por un órgano ejecutivo con representantes de las tres partes involucradas. «Existen coordinaciones técnicas que elaboran los presupuestos y estimaciones anuales de gasto, los cuales se elevan al órgano de ejecución para su aprobación, tanto por parte de la Nación como por parte de la Ciudad», explicó Litvachky. En este sentido, subrayó que el presupuesto de 2025 ya había sido aprobado y que los fondos provienen tanto de la Nación como de la Ciudad. «El presupuesto se ejecuta mensualmente, y se liberan partidas de acuerdo con los informes de gastos presentados por las coordinaciones técnicas», agregó.
La directora del CELS cuestionó las acusaciones del Gobierno y subrayó que el presupuesto de este año había seguido los canales oficiales establecidos. Afirmó que el directorio de los organismos solo aprueba la memoria y el saldo, y que todas las demás tareas de administración requieren la firma de las tres partes involucradas. «No queda clara cuál es la irregularidad en cuestión. Si el Ministerio de Justicia detectó algún problema, debió haber seguido los canales administrativos correspondientes», sostuvo. Además, el CELS denunció que la Secretaría de Derechos Humanos, con quien había celebrado una reunión sobre el presupuesto la semana anterior, no les informó sobre la decisión de suspender los pagos. Litvachky añadió: «Pocos días después, el ministro de Justicia lanzó una campaña pública de desprestigio contra los organismos sin que se entienda cuál es el verdadero objetivo.
En su comunicado, el ministro Cúneo Libarona afirmó que se habían destinado $3.359.732.866 anuales para el mantenimiento del predio y criticó que desde el directorio de la ex-ESMA no se habían proporcionado datos claros que justificaban este monto, ni aclarado cuántos trabajadores estaban empleados en la actualidad. El ministro también señaló que no existían documentos presupuestarios, facturas ni rendiciones de cuentas, y afirmó que los gastos solicitados carecían de control. «De los pocos gastos que intentaron justificar, se destacó que supuestamente se gastaban 16 millones de pesos al mes en cortar el pasto», agregó.
Frente a estas acusaciones, Litvachky reclamó una revisión más rigurosa de la información antes de emisión de juicios. «Se está generando la idea errónea de que los espacios de memoria son focos de corrupción, cuando en realidad llevan años funcionando bajo distintas administraciones, sin que hasta ahora se cuestionara su integridad», destacó. Además del CELS, otras organizaciones que forman parte del directorio expresan su repudio ante la decisión del Gobierno. La APDH, por ejemplo, acusó al ministro de difundir «una nueva falacia» con el objetivo de estigmatizar a los organismos de derechos humanos. Asimismo, desde HIJOS emitieron un comunicado en el que pidieron que se normalizara la situación presupuestaria y justificaron que los fondos suspendidos estaban destinados principalmente al pago de salarios de 176 trabajadores.
La denuncia del Ministerio de Justicia
En este contexto, se ha iniciado una auditoría cuyo objetivo es esclarecer el origen del presupuesto y «rastrear cada peso gastado», proceso que podrá extenderse hasta un máximo de 60 días. En el acta firmada por las autoridades gubernamentales y el directorio de los organismos involucrados, se establece una serie de condiciones que el espacio deberá cumplir para desbloquear las transferencias de fondos suspendidos. Entre las solicitadas se incluyen la «readecuación del funcionamiento y las rendiciones de cuentas del ente», la revisión del procedimiento interno, la creación e implementación de un sistema de rendición de cuentas, la elaboración de un presupuesto plurianual, y la confección de un balance anual correspondiente al año 2024.
