El juez federal Ariel Lijo recordó las obligaciones que tiene el Estado argentino frente al excentro clandestino
El juez federal Ariel Lijo notificó al Gobierno nacional que tiene la obligación de conservar en su estado actual el museo emplazado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, por donde pasaron al menos 5.000 detenidos-desaparecidos.
La medida se conoce en un contexto en el que el ejecutivo nacional ya había degradado institucionalmente el espacio, removiendo a su directora ejecutiva y modificando su estructura. Según se informó, el museo será incorporado como una unidad organizativa del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), dependiente de la UNESCO. La conducción del organismo ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la designación de una funcionaria con antecedentes contrarios a la agenda histórica de Memoria, Verdad y Justicia.
El Juez también instruyó al Gobierno a garantizar el mantenimiento integral del espacio. Ordenó que se asegure la limpieza diaria del museo —que recibe más de 2.100 visitantes por mes—, la inspección periódica de techos, el control y fumigación contra plagas, el funcionamiento del grupo electrógeno, la preservación del acervo y los archivos históricos, así como la continuidad de las tareas de investigación, la coordinación pedagógica y las condiciones de seguridad del sitio.
Baños le había dicho a Lijo que creía que la subsecretaría no debía ocuparse del mantenimiento del lugar –que es considerado prueba judicial y tiene una medida de no innovar desde 2013. “La conservación y preservación de sitios resulta una tarea propia del organismo de que se trata, tareas de las que no puede sustraerse sin incumplir la normativa que rige su propia actuación”, advirtió el juez federal.
